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Responsabilidad por deudas tributarias

  Artículo publicado en Expansión Comunidad Valenciana: En una reciente sentencia (nº 1650/2016 de 18/04/2016, Sala de lo Civil) el Tribunal Supremo dice que “no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales”. Sin embargo, lo anterior vale para los acreedores privados, no para la Administración, en particular, para la Agencia Tributaria. En caso de que una sociedad no pague las deudas tributarias le exige al administrador el pago de las mismas, siempre que se dé cualquiera de estos supuestos: que se hubieran cometido infracciones tributarias o que se hubiera cesado en la actividad y no se hubiera instado la disolución y si fuera preciso el concurso de acreedores, lo que viene a suponer una suerte de responsabilidad objetiva de los administradores por las deudas tributarias.

La responsabilidad de los administradores por deudas tributarias

El pasado 9 de marzo tuvo lugar en el Hotel Rey Don Jaime en Valencia una jornada organizada por el Colegio de Economistas de Valencia relativa a algunas cuestiones fiscales controvertidas. Vicente Casanova impartió la parte de “La responsabilidad de los administradores por deudas tributarias”. Vicente comentó que la interpretación de los presupuestos habilitantes de la responsabilidad subsidiaria que está haciendo la Administración y que ha sido avalada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo conduce en la práctica a una responsabilidad objetiva del administrador por deudas tributarias. Esto vulnera los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales

La Administración goza de amplios privilegios para el cobro de las deudas tributarias. Tiene la potestad de la autotutela ejecutiva por la que puede ejecutar el patrimonio del deudor sin necesidad de acudir a un juez y dispone de gran información sobre el patrimonio del deudor. Además goza de preferencia en el cobro en caso de insolvencia, la Ley Concursal le reconoce créditos privilegiados.

Lo que pretende la Administración es disponer de un nuevo privilegio adicional para el cobro de las obligaciones tributarias (y sanciones) respecto del resto de los acreedores sociales, cual es el derivar la responsabilidad a los administradores de forma cuasi automática. Esto contrasta con la responsabilidad de los administradores respecto de deudas con otros acreedores donde se exige que el acreedor acredite la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño ocasionado al tercero (STS, sala de lo Civil 18/4/2016, recurso 2754/2013). Además la norma mercantil hace responsable solidario al administrador que no disuelve la sociedad pero solo respecto de las deudas posteriores a la situación de causa de disolución. Aunque según el TS (sentencia 200/2017 de 24 enero) la LGT constituye lex specialis respecto a la responsabilidad que prevé la ley mercantil en relación con toda clase de deudores.

Novedades fiscales y contables para el cierre del ejercicio 2016

El pasado lunes 6 de febrero tuvo lugar en el Salón de actos de la Fundación Bancaja una mesa redonda convocada por la Comisión Fiscal y Contable del Colegio de Economistas de Valencia donde se trataron las principales medidas tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2016 dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas, y los aspectos más relevantes del Real Decreto 602/2016 por el que se modifica el PGC. En la mesa redonda participaron Juan José Enríquez Barbé, Decano-presidente del COEV, Vicente Casanova Sorní, Copresidente de la Comisión de Fiscal, Pablo Alejandro Azcona Pedraza, Copresidente de la Comisión de Fiscal, y Gregorio Labatut Serer, Copresidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría.

En la sesión se trataron entre otras cosas la reversión mínima obligatoria de forma lineal durante cinco años de las pérdidas por deterioro de participaciones en entidades que fueron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013, con efectos desde el 1 de enero de 2016, así como la no deducibilidad de las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones que cumplen los requisitos para aplicar la exención para evitar la doble imposición de dividendos y plusvalías regulada en el artículo 21 de la LIS, con efectos 1 de enero de 2017.

VENTAJAS FISCALES DE LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE

 Se considera renta en especie la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. 

Cuando la valoración fiscal es nula o inferior a su coste real supone una ventaja fiscal para el empleado sin coste adicional para la empresa.

NUEVOS INCENTIVOS FISCALES DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

 La nueva Ley del Impuesto de Sociedades ha introducido dos nuevos incentivos vinculados al incremento del patrimonio neto, 1) la reserva de capitalización y 2) la reserva de nivelación de bases imponibles, este último solamente aplicable a las empresas de reducida dimensión.

A grandes rasgos la reserva de capitalización consiste en una reducción en base imponible del 10% del beneficio del año anterior con el límite del 10% de la base imponible del ejercicio actual a condición de mantener ese beneficio durante 5 años en una reserva indisponible.

Por su parte, la reserva de nivelación de bases imponibles negativas consiste en una reducción de la misma de hasta un 10 por ciento de su importe. La reducción que se realice en la base imponible por este motivo se tendrá que integrar en las bases imponibles de los periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del período en que se hubiera hecho la minoración, conforme la entidad vaya obteniendo bases imponibles negativas. El importe que no se haya integrado a la finalización de ese plazo por no haberse generado bases negativas suficientes, se adicionará a la base imponible del período correspondiente a la conclusión del plazo. Esta medida permite en la práctica reducir el tipo de gravamen hasta el 22,5%.